Bruselas investiga las ayudas públicas al fútbol español

La Comisión Europea sospecha que las ayudas públicas a los clubes pueden vulnerar las normas de la competencia, al permitir a los equipos disponer de dinero público para invertirlo, por ejemplo, en comprar jugadores o en construir estadios nuevos.

Bruselas va a estudiar si los clubes profesionales disfrutan de un trato que les ofrece una ventaja significativa, bien sea por ser receptores de subvenciones, por la condonación de deudas en casos de concurso de acreedores, o por los impagos o retrasos en los pagos a Hacienda.

Un caso paradigmático es de la ComunitatValenciana, avalista de:

• Valencia: la Generalitat pasó a ser la máxima accionista del club, como consecuencia de haber avalado un crédito de la Fundación del club con Bankia de 86 millones de €. Pero esta situación ha sido hoy mismo revocada por un Tribunal: el Valencia pasa a manos de Bankia; 
• Levante: figura como avalista de un crédito de 5,6 millones que tiene como garantía acciones del club;
• Elche: al avalar una deuda de 14 millones se acabó quedando con el 40% del club;
• Hércules: como consecuencia del impago del crédito de 18 millones la Generalitat ha pasado a ser propietaria del Rico Pérez.

Un problema económico importante: 118 millones a los que hacer frente, a los que se suma un problema jurídico, ya que de acuerdo a la Ley de las Sociedades Anónimas Deportivas una persona física o jurídica no puede controlar el 5% o más de más de una sociedad anónima deportiva que participe en la misma competición profesional o pertenezca a la misma modalidad deportiva. ¿Solución? vender las acciones del Elche.

Pero esta situación no afecta únicamente a España, sino que también se investigará lo sucedido en Holanda, donde el PSV podría ser el principal beneficiado. La ciudad de Eindhoven compró al club unos terrenos por 48.3 millones y luego se los alquiló al club.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, reprende: "Los clubes profesionales no deberían pedir ayuda a los contribuyentes cuando afrontan dificultades financieras".

Si se confirma que se trata de ayudas contrarias al derecho comunitario, los clubes se verían obligados a devolverlas total o parcialmente. Sería un golpe duro para un sector cuya deuda asciende a 3600 millones.